Expertos universitarios e informadores abordan la dificultad de mantener la identidad y competencias de los pequeños municipios

El ciudadano tiene derecho a saber quiénes son sus representantes, cómo gestionan los recursos colectivos, cómo informan de la gestión de los recursos colectivos y qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana en el control democrático. Así lo ha manifestado Amparo Moreno Sardá, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona en la mesa redonda celebrada en la Universidad San Jorge. Allí se ha debatido “El papel real de los ayuntamientos tras un año de aplicación de la Ley: una visión poliédrica”, un encuentro que se enmarca en el VII Seminario sobre Municipalismo Democrático. 

En el encuentro han participado, además, Vicente Bielza de Ory, catedrático de Geografía Humana del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza;  y José Juan Verón, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge. La responsabilidad de moderar el debate ha recaído sobre Nerea Vadillo, profesora de la Facultad de Comunicación de la USJ.

La profesora Moreno ha explicado cómo las webs de los ayuntamientos de Aragón muestran la escasa racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esta conclusión deriva de una investigación que están llevando a cabo seis universidades españolas, entre las que se encuentra la Universidad San Jorge, y que ha culminado con el desarrollo de una herramienta de geoperiodismo que permite a los ciudadanos conocer y evaluar el volumen de información que ofrecen los gobiernos locales. El objetivo, según Amparo Moreno, es conseguir que los ayuntamientos ofrezcan más y mejor información a sus convecinos.

El estudio realizado ha permitido concluir que la mayoría de los  municipios no pueden atender el derecho a la información de los ciudadanos. Se trata, según ella, de administraciones que recaudan impuestos y prestan servicios eficaces y eficientes que deben facilitar la vida a los ciudadanos. Sin embargo, en sus páginas webs no ofrecen información suficiente y necesaria. Ha puesto como ejemplo el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón donde solamente cuatro ayuntamientos tienen páginas webs en las que ofrecen una información que los investigadores consideran suficientes: Zaragoza, Huesca, Ejea de los Caballeros y Utebo.

Durante su intervención, Vicente Bielza, ha explicado que las divisiones territoriales administrativas, para ser racionales y eficaces deben tener en cuenta el territorio, la distribución demográfica y su movilidad. La organización territorial a escala local condiciona la función pública de ordenación del territorio. En España, según el catedrático, la ordenación del territorio implica la recolocación de las partes y de los elementos para corregir los desequilibrios económicos y ordenar el suelo. De cómo se delimiten dichas partes depende parte del éxito de una política de esa función pública que es la ordenación del territorio.

Bielza se ha referido también al hecho de que ha sido frecuente una colisión en materia de ordenación del territorio entre los tres niveles competenciales (estatal, autonómico y local). Por lo que es positivo, según él, que esta ley pretenda clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras administraciones.En su opinión, a la vista de cómo se han desarrollado las cosas, la solución óptima es combinar concentración y conservación de manera que las entidades pequeñas no desaparezcan del todo ni pierdan su identidad.

José Juan Verón, por su parte,  ha aludido al hecho de que la reforma en profundidad de la Ley de Bases de Régimen Local era necesaria. El proceso de aprobación, sin embargo, se realizó en un contexto de falta de entendimiento político, de uso partidista de los órganos, se hizo demasiado rápido y se generaron muchas fricciones. El axioma que se esgrimió de una administración-una competencia es impecable y un principio básico. Sin embargo, según Verón, sobre el papel no se está consiguiendo ese propósito dado que se ha dado una visión excesivamente economicista de las entidades municipales, que condujo a un conflicto político durante el debate de la ley y que, lamentablemente, no se solventó con la puesta en marcha de la norma.

Durante su alocución, José Juan Verón ha defendido la necesidad de que todos los que están implicados en este proceso deban ser escuchados y entendidos y todo eso no ha dado tiempo a hacerlo y la situación de urgencia ha llevado a que ahora la reforma sea inaplicable.

 

La vicedecana de la USJ, Cristina Zurutuza, y el vicepresidente de la Asociación de Exconcejales, Rafael de Miguel, con las placas entregadas al final del acto.