En la historia más reciente de España, el municipalismo democrático ha estado sometido en el conjunto del Estado a un cierto olvido. Tal vez haya sido propiciado por la inercia forzada que exigió consolidar otras formas de Administración supramunicipales, pero lo cierto es que los ayuntamientos cedieron protagonismo y fueron los grandes perjudicados a la hora de asentar el nuevo Estado de las Autonomías.

Las puertas de los ayuntamientos se abrieron a la democracia posibilitando que miles de hombres y mujeres de toda España recuperaran, por primera vez después de muchos años, el derecho a ser elegidos por sus vecinos como concejales y alcaldes. Con escasos recursos supieron aplicar la imaginación a su gestión y pusieron en marcha multitud de servicios para los ciudadanos en una etapa en la que casi todo estaba por hacer. El entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, supo comprender el papel crucial que tocaba jugar a los ayuntamientos a la hora de aplicar de forma concreta la democracia en el Estado. Fueron y siguen siendo los municipios el auténtico cauce de participación ciudadana que posibilita el que arraiguen modos y formas democráticas en la sociedad.

Pero desde aquel vigoroso núcleo municipalista que fue la llamada Comisión de los 20, con figuras tan recordadas como la de Enrique Tierno Galván, en la que se pedía un justo reparto en los recursos financieros, hasta hoy, ha llovido demasiados olvidos sobre los tejados municipales. Entonces, ese grupo precursor de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) reclamaba un equilibrado 50-25-25. Es decir, sobre el conjunto de los recursos presupuestarios, el Gobierno de la Nación se reservaría un 50% y el otro 50% sería equitativo, en un 25 a 25, para ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

LAMENTABLEMENTE, hoy no se cumplen esas premisas de reparto, castigando así a los ayuntamientos a soportar una carga que cada vez les resulta más difícil de aguantar. Si se repara la creciente demanda de servicios que cada día llega a los municipios por imperativos circunstanciales ajenos a las condiciones iniciales que recibieron, se entenderá fácilmente cómo crece de manera desproporcionada la exigencia de atenciones y servicios y la mengua financiera de las arcas municipales para hacerles frente. Tal vez sea el fenómeno de la inmigración el caso más evidente que corrobora lo dicho, pero también han surgido nuevas preocupaciones por el medio ambiente, la educación, el ocio, la seguridad ciudadana, el empleo y la vivienda social que antes no eran tan palpables.

Si los ayuntamientos no recuperan su capacidad financiera para afrontar los retos diarios de responder a la creciente necesidad de nuevos servicios al ciudadano, estaremos estrangulando la principal célula de participación ciudadana y todo el sis tema de la Administración se verá afectado por ello más pronto o más tarde.

Diferentes estudios de toda solvencia coinciden en señalar que, a día de hoy, el 32% de los servicios que prestan los ayuntamientos españoles carecen de financiación para ser desarrollados, y sin embargo éstos se ven abocados a prestar dichos servicios en condiciones de precariedad. Ante esta situación de extrema dificultad financiera a la que se tienen que enfrentar muchos ayuntamientos, la Asociación de Exoncejales Democráticos del Ayuntamiento de Zaragoza quiere hacer una llamada de atención para que se pongan medidas correctoras en el próximo futuro y se devuelva al municipalismo ese inicial papel vertebrador de la sociedad, dotando a los ayuntamientos de recursos en un reparto más justo y equilibrado.

DIVISAMOS YA el 3 de abril de 2004, fecha en la que se cumplirán los 25 años de Ayuntamientos Democráticos de España. Antes de que llegue este momento se debería abrir un gran debate nacional con todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y vecinales para alcanzar un consenso nacional.

Reclamamos el foro del Senado como espacio político para coger la voz del municipalismo español potenciando el papel de la FEMP, que debería estar representada en esta cámara territorial en el momento de su anunciada reforma. Consideramos que fortaleciendo los ayuntamientos no sólo no se debilita ninguna otra estructura sino que a su vez resultará más sólida y fuerte la participación ciudadana y por añadidura, la Democracia.

Mas de 150.000 ciudadanos son elegidos cada cuatro años para gobernar pueblos, villas o ciudades españolas. Todo comenzó el 3 de abril del no tan lejano 1979, ese día y tras cuarenta años de gobiernos locales autocráticos, los ciudadanos recuperamos nuestro derecho a votar a los vecinos que estimábamos más convenientes para conducir adecuadamente los intereses locales.
Es innegable la transformación que han tenido pueblos y ciudades en poco más de 25 años de democracia municipal: decisiones democráticas, control de los alcaldes y equipos de gobierno por la oposición, creación de innumerables servicios hasta entonces inexistentes, etc… En este periodo de tiempo, algunos errores se han detectado en el ámbito local: el transfugismo ha empañado el buen hacer mayoritario de alcaldes y concejales. A pesar del tiempo transcurrido, poco o nada se ha legislado para tratar de corregirlo, solamente declaraciones de buenas intenciones entre partidos incumplidas en la mayoría de los casos.
La financiación municipal sigue siendo el principal escollo para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. La segunda descentralización no llega nunca (de Comunidades Autónomas a Ayuntamientos) y son una buena parte del problema que abordaremos a continuación. Nuevos servicios que prestan los municipios en primera instancia como el medio ambiente, la educación, las infraestructuras y más recientemente la inmigración, no son acompañados por el necesario presupuesto.

En los últimos meses en nuestro país, una creciente ola de descrédito invade a los 8600 ayuntamientos. Municipios costeros pero también del interior, se ven salpicados por decisiones en materia urbanística más que discutible, y en algunos de los casos totalmente irregulares. Queremos recordar desde la Asociación de Exconcejales Democráticos, que son las Comunidades Autónomas las competentes para aprobar o no los planes generales o sus modificaciones. Entendemos que son casos aislados. Para corregir o enmendar las desmesuras urbanísticas se ve más que necesaria la modificación de la actual Ley del Suelo. También existen acuerdos o actos que se salen de la legalidad, para estos pedimos que el peso de la ley recaiga sobre sus autores, más no es justo que la sombra de la sospecha sea generalizada. Creemos que la joven democracia española, ha ido y va por buen camino, y defendemos el buen hacer y la honestidad de los elegidos.
Por todo lo anteriormente expuesto y con el ánimo de mejorar la situación actual proponemos lo siguiente:

  1. Modificación de la Ley Electoral, exigiendo 2/3 de la corporación para sustituir al alcalde modificando el actual procedimiento de mayoría. Con esta medida desaparecería el 80% del transfuguismo.
  2. Adecuada financiación de las corporaciones locales, poniendo en marcha la tantas veces anunciada segunda descentralización, cubriendo con economías suficientes tanto los servicios que por Ley prestan los ayuntamientos, como otros nuevos servicios que demandan los ciudadanos.
  3. Modificación de la Ley del Suelo, que permita por una parte el lógico desarrollo urbanístico de pueblos y ciudades y evite de una manera clara y concisa lo no previsto en la Ley.